Nota Informativa
¿Cuánto nos cuesta la inseguridad ciudadana?
Elaborado por: Sebastián Calle, Adrián Cabrera.
“Washington es hoy un lugar más peligroso para vivir que Lima, Bogotá o Ciudad de México. […] ¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo”. De este modo, Lima fue catalogada como una de las ciudades más inseguras del mundo durante una rueda de prensa de Donald Trump en agosto sobre la delincuencia en Washington DC.
En los últimos años, una de las problemáticas más preocupantes para nosotros, la población peruana es la creciente inseguridad ciudadana que cada vez gana más terreno y evidencia la inacción del gobierno ante el incremento de la ola de crímenes.
Según el último informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI):
- El 85.1% de la población urbana de 15 y más años de edad perciben inseguridad y se sienten posibles víctimas de cualquier delito.
- El 26.8% de la misma población ya ha sido víctima de algún crimen, siendo el 16.7% víctimas por robo o intento de robo.
La situación preocupa en creces a los peruanos que ya están exhaustos de exigir paz y tranquilidad, y ante esa angustia es necesario hacer un llamado de atención a los responsables de la pobre seguridad ciudadana.
Según la encuesta de Perú 21 – Ipsos en febrero 2025, el 56% de los peruanos considera que la presidenta Dina Boluarte es la principal responsable de la inseguridad ciudadana, seguido por el Poder Legislativo (42%), la Policía Nacional (37%), fiscales (32%), el Ministerio del Interior (29%), los jueces (29%) y los alcaldes (19%).
Esto muestra el descontento por parte de la población con el gobierno de turno y su incompetencia para reducir la criminalidad que empeora cada vez más. A esto, en 2024 el 63% de la población peruana considera que la seguridad ciudadana ha empeorado respecto al 2023, según una encuesta de Ipsos.
Pero la inseguridad golpea más allá del miedo, se traslada al ámbito económico, generando pérdidas patrimoniales, endeudamiento y cierre de negocios debido a la extorsión. Es necesario entonces revisar no solo la trascendencia social y política de esta problemática sino también su impacto en lo económico.
Aspecto Social
La población peruana cada vez se ve más frustrada y desesperanzada ante la crítica situación de la seguridad nacional, esta percepción de vulnerabilidad constante influye en la salud mental de las personas afectando su confianza y seguridad para realizar sus actividades cotidianas como ir a trabajar, salir a pasear o incluso el hecho de estar en casa.
Según una encuesta de Ipsos, el 31% de peruanos se siente inseguro hasta en su propio hogar, mientras que el 67% no se siente seguro de transitar en la calle de día y el 87% de noche.
Cabe resaltar, que las extorsiones en los últimos años han sido uno de los hechos delictivos con mayor notoriedad en el país sobre todo a microempresarios y transportistas, esto causó que gran parte de los afectados se organicen y convoquen paros nacionales con el fin de alzar su voz en contra de la complicidad del gobierno con la criminalidad en el país. Esta situación es alarmante no solo porque genera conflicto social, sino que perjudica a la economía del país debido al cese de actividades y no porque no vendan, sino porque pagarle al criminal se ha vuelto más costoso que sostener el negocio.
Según la Cámara de Comercio de Lima, tras los paros del 9, 16 y 23 de octubre del 2024 la pérdida económica del Perú ascendió a S/ 1.365 millones por esos 3 días de paro siendo los sectores más perjudicados el de comercio y servicios.
Visión Internacional
El índice de paz global publicado por el Institute Economics & Peace (IEP), el cual evalúa la violencia y el nivel de estabilidad, ubica al Perú en el puesto 12 por encima de países vecinos como Uruguay, Chile, Bolivia, Argentina y Paraguay. Esto no es más que un reflejo de la alta crisis social y política que atraviesa el país, siendo el crimen y la inacción del gobierno la fuente principal de estos males.
El costo de la delincuencia
La delincuencia en el Perú ya no es solo un problema social, sino un lastre económico de magnitud creciente. Los impactos se sienten en múltiples frentes: cierre de negocios, reducción del consumo, menor inversión privada, incremento de gastos en seguridad y pérdida de competitividad frente a otros países de la región.
Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el costo de la inseguridad ascendería en 2025 a alrededor de 1,7% del PBI, equivalente a S/ 19,8 mil millones. De este monto, el sector privado asume el mayor peso (1,2% del PBI), a través de inversiones en cámaras de seguridad, alarmas, rejas y personal de vigilancia, mientras que el sector público destina 0,5% del PBI en mayor presupuesto para seguridad y defensa.
El Banco Central de Reserva (BCRP) calcula que en 2024 estos costos representaron un 2,2% del PBI, una carga que compite con recursos destinados a salud, educación e infraestructura.
¿Cómo impacta la inseguridad en la actividad económica?
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual.
El efecto se evidencia en la base productiva del país. Solo en lo que va de 2025, más de 1,000 bodegas cerraron por extorsión y cobro de “cupos”, según la Asociación de Bodegueros del Perú. En Lima, el impacto es aún mayor: más de 2,000 establecimientos han cesado operaciones, con pérdidas diarias superiores a S/ 500,000. La situación golpea no solo a bodegas, sino también a panaderías, ferreterías, restaurantes y centros comerciales como Gamarra y Mesa Redonda. El círculo es perverso: menos negocios implican menos empleo, menor formalización y caída en la recaudación tributaria.
El clima de inseguridad también erosiona la inversión privada. El exministro Zúñiga advierte que eventos como lo sucedido en Pataz donde 13 trabajadores de seguridad relacionados con la empresa minera “La poderosa” fueron secuestrados y posteriormente asesinados junto a una elevada rotación de funcionarios producto de una deteriorada y frágil política peruana hacen que un inversionista internacional dude en colocar miles de millones de dólares en proyectos mineros o de infraestructura en el país. La violencia, en este sentido, es un desincentivo directo al capital de largo plazo.
Asimismo, la criminalidad encarece los costos operativos de las empresas, frena la expansión de negocios y genera cautela en los consumidores, que restringen sus salidas y consumo nocturno.
Según el BCP (2025), el 32% de la población ha visto limitado el funcionamiento de sus negocios debido a la inseguridad. A nivel macro, estudios del FMI y el MEF muestran que un aumento de la tasa de homicidios puede reducir el crecimiento económico en hasta 0,8 puntos porcentuales anuales, reflejando que la violencia ya tiene efectos medibles en el PBI.
Medidas en seguridad utilizadas por las empresas, 2022 (% de empresas)
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029. Elaborado por: INEI, MEF
Sub-partidas en seguridad ejecutadas por el Gobierno, 2024
(% del gasto público en seguridad)
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029. Elaborado por: INEI, MEF
No se trata solo de delitos. Se trata de confianza, de la capacidad de un país de proyectarse hacia el futuro. Ningún inversionista apostará por millones si ve que ni siquiera un bodeguero puede abrir tranquilo su local. Ningún ciudadano creerá en el progreso mientras viva rodeado de miedo. La inseguridad no solo roba carteras o mercadería. Roba horas de sueño, proyectos, empleo, crecimiento. Roba la esperanza. Y la pregunta que debemos hacernos es simple pero determinante: ¿hasta cuándo vamos a vivir hipotecando nuestro futuro al precio de la violencia?
Fuentes:
https://www.rcrperu.com/confiep-burocracia-corrupcion-e-inseguridad-frenan-la-inversion-en-peru/
https://admin.observatoriodelcrimenylaviolencia.com/media/Reporte_BCP_2025-junio.pdf
https://www.ipsos.com/es-pe/inseguridad-ciudadana-en-peru-encuesta-peru-21-ipsos-febrero-2025
https://es-us.noticias.yahoo.com/donald-trump-lima-ciudades-peligrosas-233447186.html